domingo, 16 de febrero de 2020

Peonadas jornaleras


“Yo tengo clavada en mi conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…”. Blas Infante

Al contrario que las veloces medidas de recortes y robo de derechos consagrados en la Constitución del primer gobierno de Mariano Rajoy, medidas que dejaron en los huesos al Estado y los servicios públicos e incrementaron la deuda por encima del cien por cien del PIB, las primeras acciones legislativas del gobierno Sánchez-Iglesias suponen una transferencia de renta desde el mundo del capital al mundo del trabajo. Discreta, por cierto, transferencia de renta, pero muy eficaz en términos de ingresos decentes para la mayoría.

La subida de las pensiones, la subida de los sueldos de las y los trabajadores públicos, la subida del SMI y, antier, la reducción provisional de 35 a 20 del número de peonadas para acceder al subsidio agrario, suponen unos imprescindibles cuidados paliativos para la inmensa mayoría de la población, dañada por ocho años de derecha pertinaz. Mientras la derecha se llena la boca de la palabra España, destruyendo las bases materiales que la cohesionan, vaciando y enfrentando territorios, y criminalizando los derechos de la gente. La izquierda actúa dignificando la vida y reduciendo el temor al día de mañana.

De las medidas de mejora de ingresos descritas, la que más afecta al mundo rural andaluz, es la de la reducción del número de peonadas para acceder a un subsidio de unos 400 euros durante seis meses. La medida ha sido aprobada, no como otras veces por un periodo limitado, sino, sine die, en tanto se acometen otras reformas estructurales de más calado que garanticen, de manera mucho más estable, una renta agraria digna fruto de la mejora de la productividad del campo.

Esta medida, la de las peonadas jornaleras, sumada a la regulación de precios mínimos de la producción agrícola y ganadera, tiene un carácter urgente y tendrán, juntas, una inmediata mejora de la vida en las centenas de municipios andaluces cuya actividad principal es o está relacionada con la agricultura. Indirectamente favorece la fijación de la población al territorio, paliando el problema del vaciado rural, reduce la pobreza en pueblos y ciudades, establece barreras para el expolio medioambiental de recursos naturales que se abre paso cuando la población tiene que marcharse a las ciudades, mejora la capacidad de negociación de salarios y condiciones laborales de la clase asalariada, y, no puede olvidarse, incrementa el grado de autonomía (libertad) de las mujeres del campo que también son o jornaleras o pequeñas y medianas propietarias de tierra.

Fijar población al campo, a los pequeños y medianos municipios, invierte la espiral que nos aboca a territorios que son desiertos humanos. Si la gente se queda en sus pueblos, se quedan también las demandas de servicios públicos, escuelas y centros de salud, junto con otras actividades económicas, industrias locales, bares, conservación del patrimonio natural, histórico, etnográfico. Es así como, medidas que suponen prácticamente nada para las arcas públicas, son catalizadores de un cambio en la tendencia de concentración de población en las áreas metropolitanas o en las grandes conurbaciones.

Falta mucho por hacer, es cierto, son siglos de historia jornalera de Andalucia, siglos de acumulación de la propiedad en pocas manos, de latifundio y carencias, siglos de infravivienda y desprecio, que afecta ahora con rotundidad a la población inmigrante, y que también va a ser vigilado ahora por la inspección de trabajo, siglos de Salustianos en Alemania o Cataluña o Madrid, pero también de luchas y dignidad.

En el campo andaluz hay que pasar de los cuidados paliativos a la curación, la rehabilitación y la plana salud. Hay un problema de concentración de la propiedad, pero sobre todo de función de la propiedad. Hay un problema de comunicación por ferrocarril entre las comarcas y las capitales. Hay múltiples problemas medioambientales y de escasez de recursos fruto de modelos agrarios contaminantes, extractivos, intensivos e industrializados. Hay un problema grave de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. Sobre todo eso es donde hay que actuar con la mirada larga.

sábado, 8 de febrero de 2020

Andalucía camino de ser una colonia muda


Hasta el grupo de comunicación Joly, con cabeceras en casi todas las provincias andaluzas y tendencia conservadora en materia económica y territorial, se ha dado cuenta de que el actual Gobierno andaluz tiene condenada a Andalucía a ser carne de cañón en la guerra bipartidista entre el PP y el PSOE en el ámbito estatal. Su editorial del 3 de febrero pasado se titulaba Andalucía no debe ser una trinchera.

El único medio de comunicación de ámbito andaluz destilaba en esa editorial la preocupación de que Andalucía fuese usada durante la presente legislatura como un campo de guerra contra el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Del mismo modo que las batallas por la hegemonía en el control de los recursos y los dominios territoriales de potencias económicas y bélicas se ha dirimido siempre sobre territorios colonizados, Andalucía es, hoy día, gracias al legado españolísimo de Susana Díaz, la colonia perfecta para confrontar con el Gobierno de España.

Al grupo de comunicación conservador andaluz, que representa o aspira a representar intereses de un empresariado que también es andaluz y que tiene sus negocios en Andalucía tanto en el mercado interior como en la exportación, es decir que aspira a representar también sus propios intereses, le preocupa la desaparición de Andalucía del escenario político español si no es para que el ejecutivo de Moreno y Marín, condicionado por Vox, la use para bloquear o envenenar la acción del Gobierno de España en relación a la búsqueda de una solución negociada al problema catalán.


La preocupación es certera y parte de evidencias concretas. El editorial, prudente hacia quien va dirigido, no hace recuento de ellas, pero son cotidianas. La gran promesa del presidente Moreno Bonilla en el Debate sobre el Estado de la Comunidad del pasado 28 de enero fue crear una embajada andaluza en Cataluña para defender a los andaluces residentes allí del “separatismo” y atraer inversores. Bastaría ese ejemplo, esperpéntico por otra parte, pero tenemos a diario ejemplos de que el Ejecutivo de Moreno y Marín está más preocupado por hacerle oposición al de Sánchez e Iglesias, ayudando a la tríada Casado–Arrimadas–Abascal, que en darle voz, por ejemplo, al campo andaluz y su pequeño, mediano y gran empresariado, o al empresariado andaluz vinculado a la construcción o el turismo tradicionalmente aliado de la derecha.

Menciono el campo por que el conflicto ha dejado de ser latente, y la construcción y el turismo por su peso, pero bien podría decir que sectores empresariales como el de las renovables, el agroalimentario y su industria de transformación o el tecnológico vinculado a nuestras universidades, sienten, igual que el grupo de comunicación Joly la sensación de abandono total por parte del gobierno de Andalucía de los intereses del empresariado andaluz. Sectores a los que la subida del SMI no les importa lo más mínimo porque saben que ahí no está el núcleo central de sus problemas de sustenabilidad.

Si un grupo de comunicación, el único andaluz, que representa intereses económicos concretos, diríamos, de derecha liberal, alerta de que Andalucía está muda en lo importante y es trinchera para dirimir el poder en España, es que el silencio político andaluz no solo afecta a la vida cotidiana de los millones que somos, es que está percibiendo el miedo a que el proceso de conversión de nuestro empresariado en clase subalterna del capital externo es una realidad apabullante.

El mundo, Europa y España viven un momento crucial de transición económica, tecnológica, energética y de control de recursos. Un momento en el que la apuesta por posicionarse a la vanguardia en el cambio de modelo productivo generará ventajas competitivas apalancados sobre las diferentes realidades territoriales. Mientras Sánchez e Iglesias miran a Euskadi, a Cataluña, a Barcelona para repartir poder real concentrado en Madrid, como única manera de “estabilizar” el conflicto territorial consecuencia de una derecha española que usa al nacional catolicismo centralista y a la sagrada unidad de España como elemento central de su oposición política, el empresariado andaluz está huérfano de voz condenado a arrodillarse a intereses externos. Esto es, condenado a su total desaparición.

En las colonias todos son esclavos, incluidos quienes se creen empresarios de las colonias. Andalucía tiene un Ejecutivo mudo para defender los intereses del tejido empresarial y la sociedad civil andaluza. El mismo Ejecutivo que está concentrando el poder que hay repartido por todo el territorio para así mejor continuar con la tarea de privatización y entrega de capital público a intereses extraños a nuestra tierra. Esta deriva del Ejecutivo andaluz acabará afectando tanto al empresariado de Almería como al de Granada, Málaga o Sevilla.

Hay una necesidad en Andalucía que trasciende nuestro tradicional interés de clase, la necesidad de no ser colonia, la necesidad de no ser protectorado de nadie. La sociedad civil andaluza, las asociaciones empresariales, los sindicatos y los clúster corporativos deberían darse cuenta ya. Nos va la vida en ello.

viernes, 7 de febrero de 2020

Senderos de esperanza o tambores de guerra en Podemos Andalucía


El votante andaluz de izquierdas y progresista, que mayoritariamente ve con esperanza al gobierno de coalición en España no puede más que preocuparse de la fractura existente entre las actuales direcciones políticas de Podemos en Madrid y de Podemos Andalucía, sendas legitimadas por los respectivas asambleas celebradas en el pasado y llamadas a la renovación orgánica y estratégica a partir de los procesos internos que abrirá Vistalegre III, o como quiera que se vaya a llamar la asamblea de Podemos convocada para el mes de marzo. No digamos la desazón de las decenas de miles de personas inscritas en Podemos Andalucía, que junto con otros liderazgos sociales, son formadoras de opinión en una infinidad de familias o grupos de amistades y laborales.

Por las noticias que circulan en la prensa, incluido este medio que el viernes 6 de febrero tituló “Guerra en Podemos Andalucía: Iglesias prepara una “alternativa” a Rodríguez para liderar el partido”, la sensación en el espectro progresista y de izquierdas andaluz más comprometido no puede ser más que de desasosiego.

Si bien es cierto que la política democrática es siempre el debate entre posiciones legítimas, también lo es tanto dentro de los propios partidos, como con agentes sociales, sociedad civil y con otros partidos diferentes, la capacidad de llegar a acuerdos que no dañen los objetivos centrales de la propia formación en beneficio de los intereses que defiende, en el caso que nos ocupa mejorar la vida de los millones de personas que conforman el pueblo andaluz.

Sería lamentable, quiero pensar que no, que se use Andalucía como campo de batalla para definir el control central orgánico de Podemos, el principal espacio político de partido capaz de tensar a los gobiernos, principalmente los que tienen como elemento mayoritario al PSOE hacia las posiciones más democráticas, justas y progresistas, más feministas y ecologistas, como se ha demostrado en la exitosa estrategia de Pablo Iglesias para conseguir un gobierno en España de coalición con un programa que tan solo hace unos meses ni podíamos imaginar y unas altas expectativas de cumplimiento del mismo, al tiempo que se dulcifica y democratiza la manera de afrontar el conflicto político catalán.

Igualmente, sin mirar al pasado, sería lamentable que la actual dirección política de Podemos Andalucía no sea capaz de ver que su oposición a la estrategia de búsqueda de gobierno de coalición ha sido rechazada por las y los inscritos andaluces, las bases activas de Podemos Andalucía, de manera muy contundente al apoyar con un 94,6% la formación del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Lo que implica una profunda deslegitimación interna que daña el proyecto andaluz al debilitarlo como pieza mayoritaria y fundamental en Adelante Andalucía para que sea capaz de crecer rompiendo los límites estructurales electorales de IU y el Andalucismo histórico. No vendría mal un ejercicio de reconocimiento al menos de esa importante derrota democrática.

El asunto no tendría la mayor importancia si no fuese porque Andalucía tiene una potente identidad cultural que ha inundado España, incluida Cataluña, ocho millones y medio de habitantes, la segunda en extensión geográfica, y la tercera en PIB después de Madrid y Cataluña, al tiempo que tiene unas de las peores cifras de indicadores relacionados con la desigualdad, el empleo, la precariedad o la pobreza de España y Europa. Un cóctel que si la izquierda progresista no lo tiene en cuenta es estiércol alimenticio para que la derecha española, la derecha montaraz y la derecha en caída libre haga crecer la hidra del “a por ellos”, que no es más que un a por todas, todos y todo. De hecho por causa de un PSOE susanista derechizado, el neofascismo comenzó a prender en España en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 al entrar 12 de Vox en el parlamento andaluz. Si alguien en la izquierda quiere mas pruebas del riesgo de jugar a despreciar Andalucía ahí las tiene. O Andalucía hegemoniza una voz de igualdad, justicia social y federalista, articulada desde la izquierda y cargada de andalucismo, como ocurrió en la transición, o será usada de ariete y muro para impedir que el actual gobierno de coalición concluya una solución dialogada a las crisis y al conflicto territorial catalán.

Las direcciones políticas andaluza y central de Podemos juegan, ahora, con fuego. Si se defiende el diálogo entre Sánchez y Torra, si se clama hablemos y parlem, si se dice que hay que hablar con todo el mundo en el día a día de la política, es imposible comprender porqué son incapaces de hablar y pactar entre gentes de un, hasta ahora, mismo proyecto de cambio. El mayor espacio de consolidación y expansión de un proyecto democrático emancipador y cooperativo de España está en Andalucía, es una cuestión de tamaño e historia, el PSOE siempre lo supo, lo sabe ahora que su secretaría general andaluza está en interinidad y actuará en consecuencia. Debería saberlo también la inteligencia colectiva del Podemos central.

Sendas direcciones habrán de decidir si quieren trazar senderos de esperanza para Andalucía y España o prefieren los tambores de guerra. Lo primero abre el espacio y lo amplía, lo segundo lo fracciona y lo condiciona a los viejos límites estructurales de la izquierda andaluza siempre dependiente in extremis del PSOE. Elijan y asuman su responsabilidad: Teresa, Pablo, equipos, dialoguen, el asunto no es menor, el asunto andaluz es el asunto, lo irán comprobando cada vez con más claridad.

domingo, 2 de febrero de 2020

Andalucía necesita una revolución agroecológica


A las movilizaciones agrarias en protesta por los bajos precios no acudieron los terratenientes ni los fondos de inversión que compran tierras masivamente en Andalucía y Extremadura. A los propietarios del gran latifundio les dan igual los precios. Sus ingresos rentistas, garantizados por la Política Agraria Común actual, son por que sí, por su cara bonita sin necesidad de que las tierras estén verdaderamente en labor y sean productivas. Tampoco influye en sus ingresos si hacen agricultura y ganadería ecológica o hacen agricultura intensiva que liquida las reservas naturales, daña la tierra y contamina el medio ambiente. Ni, por supuesto condiciona sus ingresos el hecho de que paguen bajos jornales, contraten en precario o ilegalmente. La PAC es para ellos dinero contante y sonante sin contrapartida productiva, social o medioambiental alguna.

Las movilizaciones del campo andaluz y extremeño por los bajos precios agrícolas en origen están sustentadas por propietarios de tierra pequeños y medianos, y por trabajadores y trabajadoras del campo que sí necesitan producir y vender para “completar” unos ingresos mínimos. El problema, los saben, no es el salario mínimo, como Vox, PP, Ciudadanos y García Page del PSOE extremeño han dicho para atacar al actual gobierno de coalición. El problema es una estructura de mercado basada en el oligopolio extractivo que impone el precio de compra y abusa con el precio de venta en la línea de los súper e hípermercados.

A los herederos de la Duquesa de Alba los precios de los productos agrarios les importan un pito, el mismo pito que a banqueros y fondos de inversión con cientos de miles de hectáreas extremeñas o andaluzas. Ellos tienen residencia fiscal en Madrid y piso en la Castellana, a Andalucía vienen a la feria, al chalet de la playa o al cortijo.


A las movilizaciones de esta pasada semana en el campo andaluz, más fuertes en Granada y Jaén, por los bajos precios del aceite, fueron las mismas familias de los pueblos andaluces que en los años sesenta emigraban a cualquier norte para convertirse en proletarios sin tierra. Entonces, como ahora, en la raíz del problema del campo andaluz está la estructura de la propiedad agraria y el desprecio de las comercializadoras al trabajo del campo. Pero ahora hay una razón añadida para acometer con urgencia una revolución en el campo andaluz. El cambio climático y el modelo productivo intensivo está liquidando los recursos naturales, contaminando el medio ambiente y destruyendo la capacidad de regeneración de la tierra. Un modelo insostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental debería pedir a gritos una revolución verde.

La PAC subvenciona la propiedad y no la función de la propiedad. La PAC que se negocia este año para el periodo 2021-2027, debería fomentar en profundidad la revolución verde en el campo premiando la sostenibilidad ambiental, la producción tradicional y agroecológica, la igualdad de género con la incorporación de la mujer a los mandos y estructuras claves del sistema, la justicia social con salarios y condiciones laborales y de vida dignas para la gente trabajadora cualquiera que sea su procedencia, los mercados, la transformación y comercialización en proximidad, la diversificación de los productos y su adecuación a las condiciones naturales y climáticas de cada lugar, y la reproductivilidad del capital humano facilitando la incorporación de la juventud a la agroganadería.

Para ello es imprescindible que el gobierno de España se tome el asunto en serio. Si no, auguro que el principal problema territorial que va a tener el gobierno de coalición no va a ser Cataluña, si no Andalucía. Para ello las fuerzas políticas progresistas deben exigir una negociación en Europa que rompa con los intereses especulativos y latifundistas, que lamine, dificulte y grave el uso antisocial y antiambiental de la tierra.

Desde luego una revolución así necesita un tiempo, pero hay ejemplos de que otro modelo agrario es posible, viable y sustentable. Durante un breve periodo, cuatro años, en el que un agroecólogo andaluz, el catedrático de la UPO de Sevilla, Manuel González de Molina, estuvo al frente de la desaparecida Dirección General de Agricultura Ecológica, un millón de hectáreas andaluzas entraron en producción ecológica. Ahí siguen, demostrando que, a pesar de la falta de apoyo institucional, se puede.

Para terminar, me gustaría hacer ver que la cuestión territorial también es relevante en este asunto. Si uno va a comprar tomates al Hipercor o al Carrefour el etiquetado, cualquiera que sea la variedad, dice “procedencia” ESPAÑA, de modo que no distingue si es del Maresme o del Guadalfeo, de la Vega de Granada o de Mazarrón. Y todo el mundo sabe que no es lo mismo que el tomate sea de proximidad, más allá de la inmensidad de variedades y sabores, o del quinto pino. Pues aquí, en Andalucía, todo el mundo sabe que la única bandera que defendió de verdad el campo andaluz frente a la gran propiedad, a la que el modelo productivo, el precio y las condiciones laborales le importan un pito como he dicho al principio de este texto, es la bandera andaluza. Los que se enaltecen con la otra gustarían pagar no con SMI sino con mendrugos de pan como en los tiempos de Los Santos Inocentes.



Dicho lo anterior, lo más urgente, y esto sí lo puede hacer el gobierno de España, es una ley de precios que prohiba directa o indirectamente vender por debajo del coste de producción y grave cualquier compra que no suponga un 10, un 15 o un 20% más del coste de producción. Esto es lo que exigen ya las organizaciones agrarias.

lunes, 27 de enero de 2020

Nos roban con cuatro palabritas finas


En la naturaleza del poder político, en su ADN, está el gen de la concentración. La concentración del poder en un punto es una forma de dominio, la manera de crear dependencias y subalternidad. En la naturaleza del poder económico sustentado sobre una economía extractiva o especulativa, en su ADN, está la necesidad de interlocución con un poder político concentrado. La reducción al mínimo de la representación de intereses de la diversidad social, cultural y territorial es la traducción a ley de esos dos genes. Trajes, togas y sotanas, gustaron siempre de la proximidad al banco cuando no directamente de su titularidad.

Por eso en el ADN de la democracia deben estar los genes del federalismo, el republicanismo, la descentralización y la desconcentración; polis y cosmopolis. De lo contrario lo que crece son los territorios sin instituciones, sin derechos y sin futuro, vigilados desde la corte y, en el mejor de los casos, caritativamente subvencionados. La España vaciada, la Andalucía de la emigración con la Granada doblegada son fruto de lo mismo. No hay contrapeso legal contra la concentración de poder político y económico en las capitalidades. Hay que demandarlo.

El proceso de recentralización del poder institucional en España ha operado, opera, sobre la aceleración de políticas y leyes que laminan las competencias y la capacidad política de municipios y autonomías. Así se han creado ciudadanías de segunda y tercera división con carencia o degradación de servicios públicos que no tienen más remedio que abandonar su vida en los territorios culturales y familiares y marchar a lugares donde se vislumbra, si no más futuro, sí más servicios básicos. El catálogo de agravios es amplísimo.

En Granada la destrucción del ferrocarril que comunicaba comarcas, el desmantelamiento de las redes de tranvía que comunicaban todos los municipios del área metropolitana, la concentración del poder bancario liquidando lo que de banca pública quedaba y extirpando las cajas de ahorros de la territorialidad, los procesos de fusión hospitalaria, las decisiones políticas para el monocultivo intensivo de ladrillo y turismo, el fomento de la agricultura intensiva/extractiva, el abandono de la fiscalidad ecosocial y ambiental, y un largo etcétera, son precedentes de la nueva acometida de intentos de robo y robos consumados que estamos sufriendo las y los granadinos.

Aún estando grabado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía que Granada tiene la capitalidad judicial de Andalucia, son recurrentes los intentos de arrancárnosla o trocearla llevándose salas allí donde hay más natalidad de jueces y más proximidad al poder, Sevilla, o clima mas atemperado y playa, Málaga.

Una provincia como la nuestra con más de ciento setenta municipios, setenta más que Sevilla, y un sin número de pedanías y alquerías sería la más afectada si se reduce la oferta educativa en los colegios rurales andaluces, retirar colegios, centros de salud, oficinas de la Junta es alimentar la despoblación, el abandono del campo y, consiguientemente el cuidado directo e indirecto del medio rural facilitando la entrada de actividades económicas extractivas, destructivas y contaminantes sin requerimientos intensivos de mano de obra, lo contrario que el fomento de la agricultura o la ganadería ecológica.

En estos días estamos viendo como el gobierno muy de derechas andaluz condicionado por la ultraderecha franquista de Vox, no sólo no cumple sus promesas de que CETURSA, la empresa pública que gestiona la estación de Sierra Nevada, o el Patronato de la Alhambra y el Generalife, que gestiona el espacio monumental más visitado de España, dependan más de las instituciones granadinas y de que sus beneficios económicos y de empleo repercutan más en Granada, sino que se llevan a Sevilla, la gestión del Parque de las Ciencias, segundo espacio más visitado de Granada y referente mundial en la didáctica de la ciencia, y extinguen la Escuela Andaluza de Salud Pública, un referente mundial en la investigación, formación y difusión de políticas públicas de salud.

Todo esto ha ocurrido, ocurre, y seguirá ocurriendo si las y los granadinos no ponemos pie en pared y decimos basta. Nos roban, nos roban, como cantó Carlos Cano, con cuatro palabritas finas, nos roban, nos roban. Tenemos que evitarlo.

No nos roba Sevilla, ni por supuesto los sevillanos, esa era antes la cantinela de la derecha Ganadina para destruir nuestro poder autonómico y entregárselo a otra capital, Madrid, donde están sus grandes amiguetes, los que de verdad mandan sobre ellos. Nos roba, ahora con alta intensidad, la derecha que gobierna Andalucía. Nos roba, como he dicho al principio de este artículo, para concentrar el poder y entregar lo público con más facilidad, mediante la privatización, a sus amigos del poder económico.

Seguir robando a Granada es destruir la autonomía de Andalucía, preguntémonos si no será ese el objetivo real del actual gobierno andaluz. Concentrar el poder para seguir entregando lo público al beneficio privado. Granada es Andalucía como la que más, negarlo es robar a Granada y liquidar Andalucía. No lo permitamos, es preciso armarla*.
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*La ilustración de este artículo es una obra del artista y poeta granadino, ya fallecido Juan de Loxa. En su blog reza así:

Cuando la bandera andaluza era una olvidada o desconocida, en "Encuentro de poesía visual ibérica", Sant Cugat del Vallés, noviembre 1975, Juan de Loxa expone una bandera verdiblanca fabricada con chapa sobre pané. Unas letras imantadas, desordenadas, sólo tenían la opción de organizar una palabra, ANDALUCÍA. Este poema de participación se titula Es preciso armarla.

lunes, 20 de enero de 2020

Ecología y territorialidad, una percepción andaluza

Fotografía de Doñana desde el cielo de Héctor Garrido
La historia de la humanidad es la historia de la huida de la naturaleza le oí o leí una vez al filósofo Victor Gómez Pin. Una afirmación impactante que condensa de repente más de 300.000 mil años de intervención y transformación de la naturaleza a cargo de nuestra especie con sus etapas de avance y retroceso civilizatorio. Otro filósofo, Ortega y Gasset, escribió “la técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, es la adaptación del medio al sujeto.”

La crisis climática y ambiental planetaria, la crisis ecológica que vivimos cada vez más intensamente, es el producto del choque de la humanidad, en su huida de la naturaleza, con los límites naturales biofísicos que son condición de posibilidad de la supervivencia de nuestra especie. Un modo de producción y consumo, el capitalista, y un modelo energético, el fósil, se han acoplado en los últimos doscientos años, disparando la velocidad de aceleración de la huida del mundo físico hasta contemplar el abismo.

Lo que la confluencia del modelo energético fósil y el modelo económico capitalista han provocado es una crisis de base ecológica, una crisis sistémica no cíclica, la madre de todas las crisis, una crisis metabólica que afecta no solo a la naturaleza sino también a la naturaleza política territorial de las sociedades.

Las crisis cíclicas del capitalismo mundial durante el siglo veinte fueron crisis de escasez de materias primas, del control geopolítico del petróleo, por el control de los mercados o crisis de superproducción. Crisis propias de un modelo que considera infinitas, sin coste de reposición, las reservas de materias primas e ignora sus afecciones ambientales sin internalizar sus costes.

La última crisis, la que comienza a manifestarse virulentamente en 2008, es producto del intento de finales del siglo XX de saltarse los límites materiales huyendo hacia el capitalismo especulativo para mantener altas tasas de crecimiento. Una nueva forma de huir de la naturaleza ignorándola. La economía financiera especulativa se soporta, desconectada de la economía real con sus flujos de materia y energía, en la introducción del tiempo mediante el crédito y la especulación sobre el valor futuro de las mercancías. Para ello ha necesitado desconectar la política de la territorialidad, extirpando el poder de los estados para decidir qué tipo de políticas económicas o monetarias se aplican en cada momento y atacando a las democracias para laminar la capacidad de respuesta de los pueblos o comunidades políticas. Esta es la esencia del neoliberalismo. Además, desde la aparición de la comunicación vía internet a la velocidad de la luz, se ha producido un nuevo empujón hacia la extraterritorialidad del modelo económico, otra forma de alejamiento del mundo físico que cambia la gramática de comprensión del mundo.

La última huida de la naturaleza física de las relaciones económicas y de producción del capitalismo mundial y la consiguiente crisis en la que nos sumió cuando los valores financieros cayeron al perder pie en el territorio de la economía real, ha generado reactivamente un sustrato sociológico receptivo a las reclamaciones territoriales. Ese sustrato sociológico es un suelo fértil para el nacimiento de movimientos ciudadanos contrapuestos. La sensación de pérdida de capacidad de decisión y el miedo al futuro puede alimentar de un lado la solución totalitaria, neofascista, como estamos viendo en muchos lugares, incluida España y Andalucía, o por contra la solución democrática como la que debería aspirar a representar con claridad el actual gobierno de coalición.

Municipios, comarcas, provincias, regiones, autonomías, nacionalidades o naciones, cualquiera que sean las formas institucionales en que se substancie esa inmensa diversidad de comunidades políticas o culturales en las que vivimos han de participar del poder de decidir sobre lo que afecta a sus territorios y su ciudadanía. Plantear un horizonte federal cooperativo frente al horizonte de acumulación de poder en el centro de los estados (sean nación o no) que defienden las ultraderechas españolas y el neofascismo es clave para nuestra democracia.

Es así como, me apuntaba otra filósofa, Lilian Bermejo, la construcción de federalismo de abajo arriba, entendido de una manera amplia, no es más que la concreción del principio político marco de la ecología: “piensa global, actúa (y decide añadiría yo) local,” un principio en el que cabe a la perfección el sentido político del himno de Andalucía con la sentencia “sea por Andalucía libre, los pueblos (España si se prefiere) y la humanidad.” Si algo supuso la irrupción de Andalucía en la conformación de la constitución territorial española del 78 es ese pensar global y actuar local, ese derecho a decir reclamado en las calles el 4 de diciembre de 1977.

La batalla por el retorno a la territorialidad, inevitable, o la gana el mundo reaccionario, el centralismo, la concepción etnicista de los estado nación que busca el dominio antidemocrático del poder como solución totalitaria a la crisis en la que unos pocos ganen y la mayoría pierda, o la gana la democracia como instrumento de justicia, igualdad y garantía de futuro digno para la mayoría. Es evidente que por el peso cultural, territorial y poblacional de la voz de Andalucía dependerá muy mucho el modo en que se resuelva el futuro de España. La batalla será entre el pack del “a por ellos”, que incluye la destrucción sistemática de los derechos de todas y todos, o un necesario pack del “con nosotras”, por utilizar el género que está combatiendo al primero con más determinación, al que necesariamente para que tenga éxito habrá de sumarse la matria andaluza.