lunes, 23 de marzo de 2020

El mundo digital en estado de alarma por el virus neofascista


No sé si está ocurriendo en el resto de países europeos que se enfrenta a la misma crisis sanitaria que España. Ni siquiera sé si el neofascismo italiano representado en la exitosa Liga de Salvini se está comportando como el neofascismo español. Resulta espeluznante que mientras la buena gente, la que empatiza contra la enfermedad confinada o convaleciente en hospitales, da muestras soberbias de civismo, cooperación, solidaridad y fraternidad, grupos de fanáticos, organizados o no, en torno a los partidos de la derecha y ultraderecha, substancialmente PP y Vox, alentados por algunos de sus líderes y por algunos de sus gobernantes, hayan decidido inundar las redes sociales y los WhatsApp de mentiras sin argumentos para hacer política neofascista contra un Gobierno que se ha encontrado con el mayor problema de la sociedad española desde el golpe de Estado de 23 de febrero de 1980.

El fascismo español, de naturaleza franquista, el de viva la muerte muera la inteligencia, gusta de mensajes simples para conseguir sus perverso objetivo. Objetivo que no es otro que la propiedad completa de España, sus recursos y su productividad, en manos de una oligarquía que, en el siglo XXI, aspira a ser sierva (ya los es) de fondos de capital que no entienden de personas, territorios ni patrias. Para el neofascismo español la patria es aquello que puede entregar a fondos de inversión extranjeros a cambio de que sus representantes por unas migajas sean considerados parte de esa clase privilegiada. Como la familia Aznar antes, los nuevos neofascistas aspiran a ser considerados lugartenientes de la mafia capitalista mundial.

Los hashtag, fake news, bulos, mentiras y falseamiento de la verdad que estamos viendo estos días contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y todo el Gobierno de coalición son la prolongación en la superficie del hedor de las cloacas. Han abierto las compuertas de las alcantarillas para volcar inmundicias en el mundo digital ahora que estamos confinados defendiendo el primero de los bienes comunes, la salud y la vida, para forzar que nuestra imagen de la realidad esté distorsionada.

A esta operación sin precedentes se han sumado tertulianos y próceres del periodismo de medios tan relevantes como los pertenecientes al grupo Prisa. Estos medios han decidido utilizar el dolor de esta crisis, el actual y el que sin duda vendrá, para volver a intentar su contemporáneo anhelo de poder, que el PSOE acabe formando un gobierno de concentración con el PP. Es puro interés, como años atrás, de los verdaderos propietarios de las grandes cadenas de televisión y de los periódicos con ediciones de papel, para que esta colosal crisis socioeconómica que enfrentaremos acabe sirviendo para mantener y hacer crecer la desigualdad, capturando en sus bolsillos el gran potencial de cambio de los 200.000 millones anunciado por el Gobierno como fuerza de choque monetaria para salvar a la gente y la economía sin que nadie se quede atrás como ocurrió a partir de 2008.

Por eso no debemos olvidar que el PP es un partido que se ha financiado ilegalmente y que ha tenido en su interior tramas demostradas y juzgadas que han obtenido ingentes comisiones por construir escuelas y hospitales, por privatizar y deteriorar con recortes servicios públicos, con el sistema sanitario a la cabeza como estamos viendo estos trágicos días.

El PP y sobre todo Vox están calentando el ambiente mediante la propaganda en las redes sociales para que el virus del neofascismo encuentre hábitat social propicio. El objetivo no es otro que el de que una vez que superemos colectivamente esta pandemia España enferme socialmente (como una vez ocurrió en Alemania) y nos convirtamos en zombies de intereses ajenos a las personas, a nuestras pymes, a nuestras y nuestros autónomos, a nuestros agricultores, a nuestros trabajadores y trabajadores públicos, del sistema sanitario, la educación, los servicios sociales, las emergencias y los cuerpos y fuerzas de seguridad, en definitiva ajenos a los intereses del verdadero país que somos.

Al neofascismo español en su guerra contra el Gobierno de coalición, mientras éste junto con la población la libra contra el Covid-19, no le importa la gente, le importa el día después porque como el vampiro huele la sangre, ha olfateado los 200.000 millones de euros y los quieren llevar a los exclusivos bolsillos de sus amiguetes. Por eso han puesto las redes digitales en estado de alarma.

lunes, 16 de marzo de 2020

Virus e ideología, una cuestión de vida o muerte


La vida no tiene ideología, los virus tampoco. La palabra virus viene del latín, significó originalmente veneno. No todos los virus son veneno. Los virus son vida porque son capaces de reproducirse para que siga viviendo la concreta especie vírica. Los virus son partícipes de la evolución de la vida en la tierra, son a veces intercambiadores transversales, interespecies, de material genético. La lucha de la vida por la vida también necesita de los virus para mantener activo, en forma, el sistema inmunológico animal.

Los virus no tienen moral, la vida tampoco. Los virus están para lo bueno y para lo malo. La naturaleza es un conjunto de relaciones que nada tienen que ver con la moral. La moral es, entre los miles de millones de formas de vida, una cuestión humana. La moral es el conjunto de juicios de valor, qué es bueno y qué es malo, que no necesitan argumentación. Cada moral es producto de una ideología. La ideología necesita hechos para interpretar los hechos y comprender el mundo. Si no los tiene los inventa, son las religiones. La ideología requiere argumentos. Toda ideología es un relato del pasado (verdad o mentira) y una propuesta de futuro. El relato del pasado de la vida está grabado en el ADN, la grabación es una propuesta de futuro. La vida no tiene ideología, las sociedades humanas son ideológicas.

La vida no tiene ideología pero hay ideologías de la vida como hay ideologías de la muerte.Los virus que atacan, atacan por igual a los negros que a los blancos, a las mujeres que a los hombres, a los ricos que a los pobres, a quienes limpian oficinas y a quienes dan las órdenes del precio del dinero, a quien atiende en el súper con contrato precario que a quien nunca supo lo que significa la precariedad. La bioquímica de los virus no tiene ni moral ni ideología, no distingue la desigualdad ni las diferencias que nos definen a diario, nuestra condición individual dentro del sistema de relaciones económicas y sociales en el que nos movemos. La vida no tiene ideología pero hay ideologías que son vida e ideologías que son muerte.

La vida no tiene ideología pero la acción política es hija de la ideología. Hay políticas que protegen la vida y políticas que promocionan la muerte. Defender el estado democrático es defender la vida, pedir que quede raquítico como institución exclusivamente coercitiva es promocionar la muerte. Defender la inversión en ciencia básica y aplicada, el carácter público y de propiedad común de patentes sanitarias, es defender la vida, recortar en ciencia y conocimiento (cultura), despreciarla, como ha hecho Pablo Casado, permitir que nuestros cerebros emigren y mantener condiciones laborales y de investigación indignas a las y los investigadores es fomentar la muerte. Destruir la sanidad pública, como la educación pública, mediante recortes y privatizaciones es alimentar la ideología de la muerte, reforzar la salud, la educación y los cuidados públicos, junto con la educación en valores comunes, es defender la vida. Pedir el pin parental es ponerse de parte de la muerte, educar en la cooperación, el reconocimiento mutuo, la tolerancia, la libertad sexual de la mujeres, contra la homofobia y la xenofobia es amar a vida contra la muerte.

De repente, el Covid-19. De repente, la revelación: nuestra vida depende de la vida de los demás. De repente una emergencia en la que el estado de alarma nos pide que seamos más estado y menos yo, más cooperantes y menos competidores, más solidarios y solidarias y menos egoístas, más sociedad y menos individualidad. De repente, en es nuestra soledad, nuestro aislamiento, nos damos cuenta que nos necesitamos, que necesitamos tanto a la cajera del supermercado como al médico. Que la lucha por la vida es la lucha por el reconocimiento mutuo y la igualdad.

Prefiero este gobierno de coalición con sus debates, sus aciertos, errores y diferencias, que gobiernos como el de Donald Trump o Boris Johnson dispuestos a dejar enfermar y morir a la población en virtud de la ideología fascio neoliberal de la muerte. Por supuesto mucho mejor que un gobierno de los herederos de aquel de los hilillos del Prestige, al que remolcaron aguas adentro de alta mar para que se hundiera en aguas internacionales creyendo que así acabarían con el problema de la inminente marea negra de chapapote. Un gobierno que habría estado apoyado por quienes solo quieren el poder del estado para liquidar la salud, la educación pública y toda institución que vele por el bien común.

La vida no tiene ideología, la política sí. De nosotros depende que sea una cuestión de vida y no una cuestión de muerte.

miércoles, 11 de marzo de 2020

Trazos de memoria personal de la Ley de bioclimatización de los coles andaluces

Siento una gran alegría porque la Ley de bioclimatización para los colegios andaluces va a salir adelante por unanimidad. La presentó Podemos Andalucía en la pasada legislatura, llevó el asunto con decisión la entonces parlamentaria Libertad Benítez Gálvez, lo asesoró Francisco Javier Fernández y la ha empujado en esta legislatura Adelante Andalucía por medio del tesón del parlamentario Jose Ignacio García Sánchez. Pero nada hubiese sido posible sin la carta a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de los niños y niñas del CEIP Pablo VI de Sevilla y sin la convicción, reivindicación y apoyo de las Ampas, el colectivo Escuelas de Calor, y la participación de multitud de colectivos, colegios profesionales y organizaciones sindicales.

En los primeros días de junio de 2017, con un calor sofocante, se hizo viral la carta de los niños y las niñas de la clase de sexto C del CEIP Pablo VI de Sevilla en la que con una simpatía y elegancia extrema se quejaban del calor en el cole y reivindicaban soluciones. Es la carta de la imagen.


Al leerla decidí escribir un breve para intentar poner en el centro del problema su raíz, el calentamiento global debido al cambio climático, sus afecciones socialmente inesperadas y un enfoque de medidas paliativas que a su vez supongan luchar contra el mismo y no incrementar nuestra factura energética. En el artículo que más abajo se reproduce pedía una ley, dotada presupuestariamente, de acondicionamiento bioclimático y renovable en los centros educativos públicos andaluces. Del artículo tuvo conocimiento el grupo parlamentario de Podemos Andalucía en la pasada legislatura, me pidieron que hiciera un borrador de la ley.

Estos días se cumplen dos años y nueve meses de la carta viral. A partir del primer borrador, se desató un proceso democrático de participación y empuje (AMPAs, Escuelas de Calor, sindicatos, colegios profesionales…) que terminó por mejorar la ley hasta el punto de que el informe favorable de los letrados del parlamento andaluz la calificó de “muy novedosa”.

La Ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros escolares mediante técnicas bioclimáticas y el uso de energías renovables, ha sido respaldada finalmente, además de por el grupo parlamentario impulsor por el resto de grupos parlamentarios, todos. Un hito particularmente relevante en esta legislatura.

El calor extremo en las aulas de Sevilla detonó el asunto pero el bioclimatismo y las energías renovables pueden acometer cualquier problema de confort térmico (calor, refrescamiento, humedad, ventilación…) protegiendo la salud humana y la del planeta al mismo tiempo.

Enlace al artículo publicado en Paralelo 36 Andalucía el 5 de junio de 2017

lunes, 9 de marzo de 2020

Si te preguntan, responde


Nunca había tenido el Gobierno de España una ministra feminista que sufriera los ataques machistas de sus adversarios políticos con tanta virulencia como los que está sufriendo Irene Montero. No es preciso que recuerde ninguno porque se mueven con soltura por redes sociales y por grupos de guasap de todo tipo. Ataques que llegan rotundos de los partidos de derechas, de sus portavoces o voces femeninas más destacadas, pero también de sectores del socialismo o de medios de comunicación de apariencia progresista que siempre cerraron filas entorno a Leire Pajín o Bibiana Aidó, por ejemplo.

Irene Montero, Leire Pajín y Bibiana Aidó coinciden en su llegada a los ministerios en su juventud. Esa juventud que desde una perspectiva machista es una zona de combate contra el feminismo más favorable, al tiempo que es el lugar en el que hay que frenar el avance feminista que dibuja el futuro. Son mujeres símbolo y por eso hay que destruir su reputación política cuanto antes, despreciar e ignorar su formación, situarlas en el lugar de lo sexuado, acusarlas de falta de experiencia o, lo de siempre y peor, acusarlas de que están ahí por ser quienes son respecto de sus parejas.

Lo que ha ocurrido esta semana con la ministra Irene Montero, una mujer altamente cualificada, una política de garra capaz de hacer sombra, de hecho se la hace, a cualquier hombre, es exactamente eso. La carcundia, la derecha y también cierta parte del antiguo socialismo quieren destruir su valor simbólico porque así quieren frenar el nuevo y determinante avance feminista por la igualdad y por el bien de toda la sociedad, incluidos los hombres, que supone la ley de libertad sexual de las mujeres. Una ley hecha por mujeres con alta formación académica y jurídica que la inmensísima mayoría del movimiento feminista apoya sin fisuras.

Ha sido una lástima que la misma ministra que filtró un documento falso desde su gabinete ministerial, cuando Sánchez albergaba todavía la posibilidad de no formar gobierno con Iglesias, forzar la repetición electoral para debilitar lo suficiente a Ciudadanos, liquidar a Unidas Podemos para gobernar en solitario o con el ya olvidado Albert Rivera, sea la misma que filtró un documento de crítica y corrección del proyecto de ley en cuestión procedente del ministerio de justicia y de su propia vicepresidencia para debilitar la posición de la ministra de igualdad ante el consejo de ministros que debía aprobar la ley antes del 8 de marzo. Es una práctica tipo viejo PSOE, ese que no consiente que ningún avance en derechos se haga sin su protagonismo y sin sus condiciones de freno de mano para no ir rápido.

Esperemos que se corrija este desavío con diálogo entre los socios de gobierno, pero también con la determinación suficiente para seguir aplicando el programa de gobierno pactado. Para otra cosa no debe estar el gobierno de coalición, para otra cosa ya estaban el PSOE en solitario, las derechas o los socios minoritarios a los que el PSOE gustaba de dar codazos a diario y patadas en el culo en sus pactos de comunidades autónomas como la andaluza.

Mi hija tenía nueve añillos y me pidió que los sábados llevase a parte de su equipo deportivo en el coche porque no cabían todas en un solo vehículo. La tarde antes del primer partido se me acercó muy seria y me dijo: “Papá, mañana me vas a llevar a mí y a mis compañeras de equipo al partido, tú no digas nada, nos llevas y ya está”. Dijo esto y se fue tan pancha después de que yo le dijera que yo solo conduciría y estaría callado. Se me quedó la cara pensativa. La niña no quería injerencias y, como ocurre a esa edad hasta que se hacen mayores, no quería ser identificada por lo que es o dejase de ser su padre. Lo más curioso del asunto es que volvió al rato y, también seria me dijo: “Bueno, papá, si te preguntan respondes”.

Pues eso, primero callar mientras se fraguaba la ley, y una vez que sale a la luz, surgen los ataques y todo el mundo pregunta, responder es lo que han hecho las portavocías, las vicepresidencias y multitud de hombres y mujeres concernidos por la importancia de que esta ley salga cuanto antes y se anuncie en un momento tan importante días antes de este ocho de marzo.

domingo, 1 de marzo de 2020

Rompamos el silencio. ¡Andalucía como la que más!


Manifiesto promovido por la asociación Andalucía y Democracia

Hace diez años que se manifestó de forma explícita la crisis del capitalismo global. Una crisis fruto de la desconexión entre la economía real, asentada sobre estados, territorios y flujos de materia y energía concretos, y la economía financiera dedicada a la especulación sobre valores futuros imaginarios. Una crisis metabólica del capitalismo que ya no encuentra salida de crecimiento sin chocar contra la finitud de las reservas de materias primas -escasez y agotamiento-, y contra los límites biofísicos de la vida sobre el planeta -calentamiento global y cambio climático-.

El modelo ideológico bajo el que actualmente se mueve el sistema capitalista, el neoliberalismo, prescribe que la única manera de continuar en la dinámica de crecimiento y acumulación de capital en pocas manos es desterritorializar, concentrar y dominar el poder político. Está en el centro de la estrategia neoliberal destruir lo que de democracia y soberanías territoriales hay en el mundo, colonizando por completo los estados y los poderes institucionales, reduciéndolos a meros instrumentos de domino y coerción de las poblaciones que se revelen al reclamar derechos y un medio ambiente saludable. Esto supone un ataque rotundo contra la seguridad vital y la seguridad ambiental de la especie humana y el planeta.

En este contexto hemos de entender el acoso a las democracias en América latina representado por la irrupción de Bolsonaro en Brasil, las movilizaciones en Chile contra políticas neoliberales extremas, lo ocurrido en Bolivia con la destitución mediante golpe de estado de un presidente legítimo; también comprendemos así la irrupción de los populismos reaccionarios proteccionistas, como los que lideran Donald Trump y Boris Johnson, o el éxito relativo de partidos neofascistas europeos sustentado sobre la confrontación entre la identidad del estado-nación y la Unión Europea o la inmigración como amenazas externas.

En España el conflicto democracia/capital destapado con la crisis financiera global derribó en las elecciones generales de noviembre de 2011 la mayoría de gobierno del PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, previa irrupción del 15M, entregando al Partido Popular liderado por Mariano Rajoy, como única salida visible a ojos del electorado, una aplastante mayoría absoluta. Desde entonces se han mezclado en la vida política española, fruto de la acción de los gobiernos de derechas del Partido Popular, la presión económica y fiscal sobre las clases medias y populares, la degradación de los sistemas de salud, educativo y de dependencia, y los recortes fácticos en derechos laborales y democráticos, con larguísimos procesos judiciales, Gürtel y ERES, que han acabado por condenar firmemente los modus operandi de los dos partidos que sostenían el régimen bipartidista del 78, y con la muy relevante cuestión territorial catalana centrada primero en el derecho a decidir y concentrada después sobre el unilateral procés.

La respuesta a la crisis global en la Unión Europea, liderada por Alemania, tuvo como medida estrella cautelar en España la reforma pactada entre los dos partidos de régimen del artículo 135 de la CE y la consiguiente legislación presupuestaria sobre techo de gasto que condiciona y controla todos los presupuestos de las instituciones españolas cualquiera que sea su nivel territorial y sus particularidades diferenciales. Una pérdida de soberanía política que alcanzaba de lleno a los gobiernos de las comunidades autónomas y los municipios. Una respuesta álgida de la acción política recentralizadora añorada por los viejos poderes económico/ideológicos del estado español para quienes las inversiones y concesiones publicadas en el BOE son su principal medio de obtención de beneficios.

En este texto reconocemos la evidencia de que tras el 15M de 2011, los movimientos ideológicos que están articulando las respuestas colectivas más potentes, funcionando como marcos de comprensión de la realidad, en favor de la igualdad y las demandas de derechos, y defendiendo la democracia frente a las injusticias, los recortes sociales y la amenaza totalitaria, son el feminismo y el ecologismo. Al mismo tiempo, reconocemos la evidencia de que el conflicto político territorial centrado en Cataluña, ha puesto de manifiesto la incapacidad de la derecha española y los sectores más reaccionarios herederos del poder franquista para solventar por vías democráticas pactadas lo que son legítimas demandas de soberanía de identidades culturales o territoriales articuladas sobre el concepto nación.

El reciente gobierno de coalición progresista, si quiere responder a las esperanzas de su electorado y de una mayoría social clara y diversa en todo el territorio español, habrá de dar respuesta democrática a los problemas de la gente mediante la mejora de su vida diaria y la garantía de una vida digna futura, así como abordar en serio una salida democrática a la cuestión territorial catalana que deberá pasar por las urnas. Cumplir con estos objetivos requiere de un cambio de hegemonía discursiva que sustituya a la del conflicto entre banderas. Dicho cambio precisa del empuje de una multiplicidad de actores civiles que trascienda los límites de los partidos políticos.

Dicho lo anterior, si el destrozo de los indicadores de igualdad, desempleo, precariedad, pobreza y emigración con pérdida de población, sobre todo población joven formada, ha sido en España dramático, en Andalucía la suma de recortes liderados por la derecha y asumidos disciplinadamente por los gobiernos socialistas, especialmente los de Susana Díaz, ha cobrado tintes trágicos. Una tragedia social que sumada a la degradación de los servicios públicos y al desierto industrial y bancario legado por los gobiernos del Partido Socialista en una economía muy dependiente del turismo y de un modelo agrario con poco valor añadido económico y social, sumado al daño ambiental, y cuyos precios en origen son impuestos mediante oligopolio de unos pocos, exige una respuesta política andaluza colectiva que alcance la fuerza popular de la que el 4 de diciembre 1977 nos constituyó como pueblo para condicionar en favor de la mayoría social el marco constitucional que se estaba negociando.

En este contexto es en el que aspiramos a contribuir a que Andalucía rompa el silencio al que los gobiernos andaluces anteriores y el actual gobierno andaluz de derechas la ha condenado, queremos que Andalucía por sí irrumpa en la escena del debate de estado que sin duda se abrirá para abordar la reconfiguración del poder territorial en España. Es la única manera en la que una nueva articulación territorial de calado federal ancle la democracia sobre la territorialidad.

Entendemos que la manera de frenar el avance del populismo reaccionario con tintes fascistas, la manera de defender, consolidar y avanzar en democracia, es articular un nuevo sentido común mayoritario más allá de los limites partidistas, que sitúe en el centro de los objetivos políticos del pueblo andaluz el incremento de nuestra soberanía territorial trabado con las demandas de igualdad, justicia social, vida digna y seguridad futura que defienden tanto el movimiento feminista como el movimiento ecologista, al reclamar respuestas a la crisis orgánica del sistema económico que no dejen a nadie atrás, al tiempo que avancen para la consecución efectiva de la igualdad de género y luchen contra los efectos del cambio climático.

Se trata de fabricar, Andalucía y España lo necesitan, la nueva argamasa política que una desde la territorialidad y la identidad cultural andaluza, desde nuestro pueblo constituido políticamente el 4 de diciembre de 1977 y desde nuestra institucionalidad conseguida democráticamente ejerciendo el derecho a decidir el 28 de febrero de 1980, al mundo laboral urbano y agrario, al tejido empresarial, a las y los trabajadores públicos, al mundo sindical y de las organizaciones civiles, a las asociaciones de productores agrarios y de empresas de energías renovables, al mundo de la cultura y el flamenco, a las y los trabajadores autónomos, las PYMES y el cooperativismo, entre otros muchos espacios de la sociedad civil, para que Andalucía entre en la escena política española con la fuerza que realmente le corresponde, reclamando la ruptura de la concentración centralista del poder en España como condición necesaria para una democracia real que se enfrente a los efectos suicidas del neoliberalismo y lamine el riesgo de involución antidemocrática. Se trata, lo necesitamos, de construir redes de emancipación.

Por eso queremos romper el silencio de Andalucía, como hizo simbólicamente la reciente senadora Pilar González de Modino por designación autonómica a propuesta de Adelante Andalucía, en su toma de posesión, al prometer cumplir la constitución con la expresión del himno andaluz “por Andalucía libre, sí.” Queremos romper el silencio de Andalucía para hablar de feminismo, de ecologismo, de federalismo, de soberanías territoriales, de identidades culturales, de municipios y comarcas con capacidad propia para decidir sobre los que se hace o se demanda en sus respectivas territorialidades.

Queremos romper el silencio para que Andalucía, con todo su universalismo, no sea usada como frontera sur contra la inmigración y contribuya desde sus instituciones a un trato humanitario en el marco de la declaración universal de los derechos humanos, sin criminalizar a la población extranjera que busca una vida digna fuera de sus países, bien huyendo de la pobreza, de la falta de libertades o de la persecución política.

Queremos romper el silencio de Andalucía porque sabemos que es la garantía, en el marco de los debates estatales, de que la igualdad y los derechos sociales y ambientales estén vinculados a las soberanías territoriales en un estado que es de hecho plurinacional. Queremos romper el silencio para gritar ¡Andalucia como la que más!, como afirmaba el catedrático de la Universidad de Granada, José Luis Serrano, andalucista, de izquierdas, ecologista y feminista, pero, sobre todo radicalmente demócrata.

Rompamos el silencio está promovido por Andalucía y Democracia

Firmantes iniciales
Rubén Pérez Trujillano, Carmen Reina López, Antonio Cambril, Antonia Agudo, Manuel Machuca, Manuel González de Molina, Eugenia Gil, Ricardo Marques, Teresa Sanz, Angel del Rio, Joaquin Coca, Eugenia Garrido, Adelina Sánchez, Antonio Aguilera, David Martínez, Lilian Bermejo, Julián Álvarez, Pilar Cuevas, Javier Rodríguez Alcázar, Lola Conde, David Soto, Hector Lagier, Manuel Rodríguez Alcázar, Marcos García Mariscal, Javier Peizoto, Blanca Parrilla, Francisco Garrido, Raúl Solís, Mario Ortega, Pepe Bejarano, Pilar González de Modino…

lunes, 24 de febrero de 2020

La capacidad de veto de Andalucía y la España paleta de Isabel Ayuso


El próximo viernes, 28 de febrero de 2020, celebraremos el cuarenta aniversario del referéndum del 28 de febrero de 1980 que consagró, mediante el ejercicio del derecho a decidir establecido en el artículo 151.1 de la CE, a Andalucía como nacionalidad histórica con acceso a su autonomía por la vía del artículo 151. Vía rápida como la de Galicia, Cataluña y Euskadi que habían celebrado referéndums en la segunda república.

De sobra son conocidas las condiciones leoninas del articulo 151.1. Era necesario el voto afirmativo en cada una de las circunscripciones electorales provinciales por mayoría del censo, no de votos totales. Unas condiciones que, hoy, hubieran impedido con alta probabilidad a Galicia y Cataluña, convertirse en nacionalidad histórica. En 1980 Andalucía lo consiguió fruto de su constitución en las calles como pueblo, el pueblo andaluz, el 4 de diciembre de 1977.

En Almería ganaron abrumadoramente los síes, 42,07% frente a un 4,02% de noes, sin superar el sí el 50% del censo que exige el artículo 151.1 de la CE. El resto de provincias cumplieron el infame requisito. El resultado fue épico en un referéndum preparado por el gobierno de la UCD para que fracasase. El lema de la derecha fue “Andaluz, éste no es tu referéndum”. Tal fue la rotundidad de los resultados que la cuestión almeriense hubo de resolverse con un acuerdo político para modificar la Ley Orgánica de las distintas modalidades de referéndum permitiendo que si la mayoría de los diputados y senadores de una provincia apoyaban el sí por el 151 fuese equivalente a la consecución de la mitad más uno de síes sobre el total del censo provincial.

Es un ejemplo claro de que cuando se quiere se puede llegar a un acuerdo político que refleje una demanda democrática realmente mayoritaria, porque de facto este fue un acuerdo ad hoc que añadía a posteriori un requisito constitucional para reconocer que un 55,41% de votos sobre el censo eran síes en toda Andalucía frente a un 3,41% de noes, es decir, y teniendo en cuenta los votos nulos y los blancos, un 86,9% del voto efectivamente emitido fue Sí.

El referéndum andaluz condicionó el dibujo del mapa de las nacionalidades históricas, forzándolo en cierto modo a hacerlo de abajo a arriba y no de arriba abajo como los poderes procedentes del franquismo, las derechas de las nacionalidades históricas previas y una parte muy relevante del PSOE habían previsto. Como cantó Carlos Cano: “De la manga se cayeron papeletas de febrero, al escenario salieron y se levantó el telón. Y aquí se acabó el carbón, que entró como un vendaval, bata de cola, peinetas. ¡La reina superstar!*

Esa fuerza de diseño institucional manifestada por Andalucía sigue ahí aunque por motivos históricos y coyunturales se encuentra en la actualidad en estado latente. Los partidos del bipartidismo lo saben, la tradición andalucista también lo sabe, la izquierda andaluza lo recuerda perfectamente y ya no puede prescindir de una estrategia que reconozca la singularidad identitaria cultural andaluza anclada a sus reivindicaciones coyunturales o de largo alcance. Y lo saben analistas políticos del prestigio del catalán Enric Juliana que en el texto que acompañaba el pasado sábado a su video blog hablaba, en relación a la “solución” de cualquier problema territorial en España, “la capacidad de veto de Andalucía,” y recordaba en su artículo del domingo titulado “Andalucía en febrero” el proceso histórico de nuestra autonomía y su repercusión en todo el diseño institucional.

La potencialidad de consolidación de un cambio progresista en el futuro de España, en el que sin lugar a dudas deberá estar implicado un nuevo modelo territorial y la distribución equilibrada del poder y las soberanías de las nacionalidades históricas, entre las que está Andalucía por derecho propio con todo su “patrimonio constitucional”, las autonomías, las regiones, las provincias, las comarcas y los municipios, pasará necesariamente por la anuencia andaluza.

Nuestra clave de bóveda, la clave de bóveda andaluza, se juega entre ser vórtice de fuerzas de la democracia o artífice del discurso del mundo reaccionario antiderechos para las mayorías. El actual gobierno andaluz del PP y Ciudadanos, el gobierno de Moreno y Marín con el apoyo de Vox, está cargando la artillería para sumarla al Madrid de Almeida, Ayuso y Arrimadas, la triple A del momento actual que junto con Casado sumarán para intentar derribar al gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias e impedir la consolidación de avances democráticos en un marco de una España plurinacional.

Isabel Ayuso, que preside Madrid, un paraíso fiscal para las grandes corporaciones y fortunas en relación al resto de España, ha llamado paleta a toda la España que sufre el expolio de la fuerza centrípeta madrileña, expolio de capital, expolio humano y expolio de recursos naturales dedicados a mantener el metabolismo acelerado de la gran urbe. Para la triple A más la C, España es propiedad de Madrid, para la España progresista democrática que no se conforma con quedar relegada a la subalternidad Andalucía será su clave de bóveda o no será. Al tiempo.

—-
*Andalucía superstar
(Carlos Cano)

De la capital del Reino
maletín, capa y sombrero,
vinieron a tomarnos el pelo
y el plumero se les vio.

Y la grasia de este invento,
¡ay señores que momento!,
cuando por Despeñaperros
el cuento se le acabó.

De la manga se cayeron
papeletas de febrero,
al escenario salieron
y se levantó el telón.

Y aquí se acabó el carbón,
que entró como un vendaval
bata de cola, peinetas.
¡La Reina Superstar!

¡Viva Andalucía Libre!
-alimento principal-,
que viene pidiendo tierra
y la tierra abandoná…

domingo, 16 de febrero de 2020

Peonadas jornaleras


“Yo tengo clavada en mi conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales…”. Blas Infante

Al contrario que las veloces medidas de recortes y robo de derechos consagrados en la Constitución del primer gobierno de Mariano Rajoy, medidas que dejaron en los huesos al Estado y los servicios públicos e incrementaron la deuda por encima del cien por cien del PIB, las primeras acciones legislativas del gobierno Sánchez-Iglesias suponen una transferencia de renta desde el mundo del capital al mundo del trabajo. Discreta, por cierto, transferencia de renta, pero muy eficaz en términos de ingresos decentes para la mayoría.

La subida de las pensiones, la subida de los sueldos de las y los trabajadores públicos, la subida del SMI y, antier, la reducción provisional de 35 a 20 del número de peonadas para acceder al subsidio agrario, suponen unos imprescindibles cuidados paliativos para la inmensa mayoría de la población, dañada por ocho años de derecha pertinaz. Mientras la derecha se llena la boca de la palabra España, destruyendo las bases materiales que la cohesionan, vaciando y enfrentando territorios, y criminalizando los derechos de la gente. La izquierda actúa dignificando la vida y reduciendo el temor al día de mañana.

De las medidas de mejora de ingresos descritas, la que más afecta al mundo rural andaluz, es la de la reducción del número de peonadas para acceder a un subsidio de unos 400 euros durante seis meses. La medida ha sido aprobada, no como otras veces por un periodo limitado, sino, sine die, en tanto se acometen otras reformas estructurales de más calado que garanticen, de manera mucho más estable, una renta agraria digna fruto de la mejora de la productividad del campo.

Esta medida, la de las peonadas jornaleras, sumada a la regulación de precios mínimos de la producción agrícola y ganadera, tiene un carácter urgente y tendrán, juntas, una inmediata mejora de la vida en las centenas de municipios andaluces cuya actividad principal es o está relacionada con la agricultura. Indirectamente favorece la fijación de la población al territorio, paliando el problema del vaciado rural, reduce la pobreza en pueblos y ciudades, establece barreras para el expolio medioambiental de recursos naturales que se abre paso cuando la población tiene que marcharse a las ciudades, mejora la capacidad de negociación de salarios y condiciones laborales de la clase asalariada, y, no puede olvidarse, incrementa el grado de autonomía (libertad) de las mujeres del campo que también son o jornaleras o pequeñas y medianas propietarias de tierra.

Fijar población al campo, a los pequeños y medianos municipios, invierte la espiral que nos aboca a territorios que son desiertos humanos. Si la gente se queda en sus pueblos, se quedan también las demandas de servicios públicos, escuelas y centros de salud, junto con otras actividades económicas, industrias locales, bares, conservación del patrimonio natural, histórico, etnográfico. Es así como, medidas que suponen prácticamente nada para las arcas públicas, son catalizadores de un cambio en la tendencia de concentración de población en las áreas metropolitanas o en las grandes conurbaciones.

Falta mucho por hacer, es cierto, son siglos de historia jornalera de Andalucia, siglos de acumulación de la propiedad en pocas manos, de latifundio y carencias, siglos de infravivienda y desprecio, que afecta ahora con rotundidad a la población inmigrante, y que también va a ser vigilado ahora por la inspección de trabajo, siglos de Salustianos en Alemania o Cataluña o Madrid, pero también de luchas y dignidad.

En el campo andaluz hay que pasar de los cuidados paliativos a la curación, la rehabilitación y la plana salud. Hay un problema de concentración de la propiedad, pero sobre todo de función de la propiedad. Hay un problema de comunicación por ferrocarril entre las comarcas y las capitales. Hay múltiples problemas medioambientales y de escasez de recursos fruto de modelos agrarios contaminantes, extractivos, intensivos e industrializados. Hay un problema grave de cambio climático y de pérdida de biodiversidad. Sobre todo eso es donde hay que actuar con la mirada larga.

sábado, 8 de febrero de 2020

Andalucía camino de ser una colonia muda


Hasta el grupo de comunicación Joly, con cabeceras en casi todas las provincias andaluzas y tendencia conservadora en materia económica y territorial, se ha dado cuenta de que el actual Gobierno andaluz tiene condenada a Andalucía a ser carne de cañón en la guerra bipartidista entre el PP y el PSOE en el ámbito estatal. Su editorial del 3 de febrero pasado se titulaba Andalucía no debe ser una trinchera.

El único medio de comunicación de ámbito andaluz destilaba en esa editorial la preocupación de que Andalucía fuese usada durante la presente legislatura como un campo de guerra contra el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Del mismo modo que las batallas por la hegemonía en el control de los recursos y los dominios territoriales de potencias económicas y bélicas se ha dirimido siempre sobre territorios colonizados, Andalucía es, hoy día, gracias al legado españolísimo de Susana Díaz, la colonia perfecta para confrontar con el Gobierno de España.

Al grupo de comunicación conservador andaluz, que representa o aspira a representar intereses de un empresariado que también es andaluz y que tiene sus negocios en Andalucía tanto en el mercado interior como en la exportación, es decir que aspira a representar también sus propios intereses, le preocupa la desaparición de Andalucía del escenario político español si no es para que el ejecutivo de Moreno y Marín, condicionado por Vox, la use para bloquear o envenenar la acción del Gobierno de España en relación a la búsqueda de una solución negociada al problema catalán.


La preocupación es certera y parte de evidencias concretas. El editorial, prudente hacia quien va dirigido, no hace recuento de ellas, pero son cotidianas. La gran promesa del presidente Moreno Bonilla en el Debate sobre el Estado de la Comunidad del pasado 28 de enero fue crear una embajada andaluza en Cataluña para defender a los andaluces residentes allí del “separatismo” y atraer inversores. Bastaría ese ejemplo, esperpéntico por otra parte, pero tenemos a diario ejemplos de que el Ejecutivo de Moreno y Marín está más preocupado por hacerle oposición al de Sánchez e Iglesias, ayudando a la tríada Casado–Arrimadas–Abascal, que en darle voz, por ejemplo, al campo andaluz y su pequeño, mediano y gran empresariado, o al empresariado andaluz vinculado a la construcción o el turismo tradicionalmente aliado de la derecha.

Menciono el campo por que el conflicto ha dejado de ser latente, y la construcción y el turismo por su peso, pero bien podría decir que sectores empresariales como el de las renovables, el agroalimentario y su industria de transformación o el tecnológico vinculado a nuestras universidades, sienten, igual que el grupo de comunicación Joly la sensación de abandono total por parte del gobierno de Andalucía de los intereses del empresariado andaluz. Sectores a los que la subida del SMI no les importa lo más mínimo porque saben que ahí no está el núcleo central de sus problemas de sustenabilidad.

Si un grupo de comunicación, el único andaluz, que representa intereses económicos concretos, diríamos, de derecha liberal, alerta de que Andalucía está muda en lo importante y es trinchera para dirimir el poder en España, es que el silencio político andaluz no solo afecta a la vida cotidiana de los millones que somos, es que está percibiendo el miedo a que el proceso de conversión de nuestro empresariado en clase subalterna del capital externo es una realidad apabullante.

El mundo, Europa y España viven un momento crucial de transición económica, tecnológica, energética y de control de recursos. Un momento en el que la apuesta por posicionarse a la vanguardia en el cambio de modelo productivo generará ventajas competitivas apalancados sobre las diferentes realidades territoriales. Mientras Sánchez e Iglesias miran a Euskadi, a Cataluña, a Barcelona para repartir poder real concentrado en Madrid, como única manera de “estabilizar” el conflicto territorial consecuencia de una derecha española que usa al nacional catolicismo centralista y a la sagrada unidad de España como elemento central de su oposición política, el empresariado andaluz está huérfano de voz condenado a arrodillarse a intereses externos. Esto es, condenado a su total desaparición.

En las colonias todos son esclavos, incluidos quienes se creen empresarios de las colonias. Andalucía tiene un Ejecutivo mudo para defender los intereses del tejido empresarial y la sociedad civil andaluza. El mismo Ejecutivo que está concentrando el poder que hay repartido por todo el territorio para así mejor continuar con la tarea de privatización y entrega de capital público a intereses extraños a nuestra tierra. Esta deriva del Ejecutivo andaluz acabará afectando tanto al empresariado de Almería como al de Granada, Málaga o Sevilla.

Hay una necesidad en Andalucía que trasciende nuestro tradicional interés de clase, la necesidad de no ser colonia, la necesidad de no ser protectorado de nadie. La sociedad civil andaluza, las asociaciones empresariales, los sindicatos y los clúster corporativos deberían darse cuenta ya. Nos va la vida en ello.

viernes, 7 de febrero de 2020

Senderos de esperanza o tambores de guerra en Podemos Andalucía


El votante andaluz de izquierdas y progresista, que mayoritariamente ve con esperanza al gobierno de coalición en España no puede más que preocuparse de la fractura existente entre las actuales direcciones políticas de Podemos en Madrid y de Podemos Andalucía, sendas legitimadas por los respectivas asambleas celebradas en el pasado y llamadas a la renovación orgánica y estratégica a partir de los procesos internos que abrirá Vistalegre III, o como quiera que se vaya a llamar la asamblea de Podemos convocada para el mes de marzo. No digamos la desazón de las decenas de miles de personas inscritas en Podemos Andalucía, que junto con otros liderazgos sociales, son formadoras de opinión en una infinidad de familias o grupos de amistades y laborales.

Por las noticias que circulan en la prensa, incluido este medio que el viernes 6 de febrero tituló “Guerra en Podemos Andalucía: Iglesias prepara una “alternativa” a Rodríguez para liderar el partido”, la sensación en el espectro progresista y de izquierdas andaluz más comprometido no puede ser más que de desasosiego.

Si bien es cierto que la política democrática es siempre el debate entre posiciones legítimas, también lo es tanto dentro de los propios partidos, como con agentes sociales, sociedad civil y con otros partidos diferentes, la capacidad de llegar a acuerdos que no dañen los objetivos centrales de la propia formación en beneficio de los intereses que defiende, en el caso que nos ocupa mejorar la vida de los millones de personas que conforman el pueblo andaluz.

Sería lamentable, quiero pensar que no, que se use Andalucía como campo de batalla para definir el control central orgánico de Podemos, el principal espacio político de partido capaz de tensar a los gobiernos, principalmente los que tienen como elemento mayoritario al PSOE hacia las posiciones más democráticas, justas y progresistas, más feministas y ecologistas, como se ha demostrado en la exitosa estrategia de Pablo Iglesias para conseguir un gobierno en España de coalición con un programa que tan solo hace unos meses ni podíamos imaginar y unas altas expectativas de cumplimiento del mismo, al tiempo que se dulcifica y democratiza la manera de afrontar el conflicto político catalán.

Igualmente, sin mirar al pasado, sería lamentable que la actual dirección política de Podemos Andalucía no sea capaz de ver que su oposición a la estrategia de búsqueda de gobierno de coalición ha sido rechazada por las y los inscritos andaluces, las bases activas de Podemos Andalucía, de manera muy contundente al apoyar con un 94,6% la formación del gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Lo que implica una profunda deslegitimación interna que daña el proyecto andaluz al debilitarlo como pieza mayoritaria y fundamental en Adelante Andalucía para que sea capaz de crecer rompiendo los límites estructurales electorales de IU y el Andalucismo histórico. No vendría mal un ejercicio de reconocimiento al menos de esa importante derrota democrática.

El asunto no tendría la mayor importancia si no fuese porque Andalucía tiene una potente identidad cultural que ha inundado España, incluida Cataluña, ocho millones y medio de habitantes, la segunda en extensión geográfica, y la tercera en PIB después de Madrid y Cataluña, al tiempo que tiene unas de las peores cifras de indicadores relacionados con la desigualdad, el empleo, la precariedad o la pobreza de España y Europa. Un cóctel que si la izquierda progresista no lo tiene en cuenta es estiércol alimenticio para que la derecha española, la derecha montaraz y la derecha en caída libre haga crecer la hidra del “a por ellos”, que no es más que un a por todas, todos y todo. De hecho por causa de un PSOE susanista derechizado, el neofascismo comenzó a prender en España en las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018 al entrar 12 de Vox en el parlamento andaluz. Si alguien en la izquierda quiere mas pruebas del riesgo de jugar a despreciar Andalucía ahí las tiene. O Andalucía hegemoniza una voz de igualdad, justicia social y federalista, articulada desde la izquierda y cargada de andalucismo, como ocurrió en la transición, o será usada de ariete y muro para impedir que el actual gobierno de coalición concluya una solución dialogada a las crisis y al conflicto territorial catalán.

Las direcciones políticas andaluza y central de Podemos juegan, ahora, con fuego. Si se defiende el diálogo entre Sánchez y Torra, si se clama hablemos y parlem, si se dice que hay que hablar con todo el mundo en el día a día de la política, es imposible comprender porqué son incapaces de hablar y pactar entre gentes de un, hasta ahora, mismo proyecto de cambio. El mayor espacio de consolidación y expansión de un proyecto democrático emancipador y cooperativo de España está en Andalucía, es una cuestión de tamaño e historia, el PSOE siempre lo supo, lo sabe ahora que su secretaría general andaluza está en interinidad y actuará en consecuencia. Debería saberlo también la inteligencia colectiva del Podemos central.

Sendas direcciones habrán de decidir si quieren trazar senderos de esperanza para Andalucía y España o prefieren los tambores de guerra. Lo primero abre el espacio y lo amplía, lo segundo lo fracciona y lo condiciona a los viejos límites estructurales de la izquierda andaluza siempre dependiente in extremis del PSOE. Elijan y asuman su responsabilidad: Teresa, Pablo, equipos, dialoguen, el asunto no es menor, el asunto andaluz es el asunto, lo irán comprobando cada vez con más claridad.

domingo, 2 de febrero de 2020

Andalucía necesita una revolución agroecológica


A las movilizaciones agrarias en protesta por los bajos precios no acudieron los terratenientes ni los fondos de inversión que compran tierras masivamente en Andalucía y Extremadura. A los propietarios del gran latifundio les dan igual los precios. Sus ingresos rentistas, garantizados por la Política Agraria Común actual, son por que sí, por su cara bonita sin necesidad de que las tierras estén verdaderamente en labor y sean productivas. Tampoco influye en sus ingresos si hacen agricultura y ganadería ecológica o hacen agricultura intensiva que liquida las reservas naturales, daña la tierra y contamina el medio ambiente. Ni, por supuesto condiciona sus ingresos el hecho de que paguen bajos jornales, contraten en precario o ilegalmente. La PAC es para ellos dinero contante y sonante sin contrapartida productiva, social o medioambiental alguna.

Las movilizaciones del campo andaluz y extremeño por los bajos precios agrícolas en origen están sustentadas por propietarios de tierra pequeños y medianos, y por trabajadores y trabajadoras del campo que sí necesitan producir y vender para “completar” unos ingresos mínimos. El problema, los saben, no es el salario mínimo, como Vox, PP, Ciudadanos y García Page del PSOE extremeño han dicho para atacar al actual gobierno de coalición. El problema es una estructura de mercado basada en el oligopolio extractivo que impone el precio de compra y abusa con el precio de venta en la línea de los súper e hípermercados.

A los herederos de la Duquesa de Alba los precios de los productos agrarios les importan un pito, el mismo pito que a banqueros y fondos de inversión con cientos de miles de hectáreas extremeñas o andaluzas. Ellos tienen residencia fiscal en Madrid y piso en la Castellana, a Andalucía vienen a la feria, al chalet de la playa o al cortijo.


A las movilizaciones de esta pasada semana en el campo andaluz, más fuertes en Granada y Jaén, por los bajos precios del aceite, fueron las mismas familias de los pueblos andaluces que en los años sesenta emigraban a cualquier norte para convertirse en proletarios sin tierra. Entonces, como ahora, en la raíz del problema del campo andaluz está la estructura de la propiedad agraria y el desprecio de las comercializadoras al trabajo del campo. Pero ahora hay una razón añadida para acometer con urgencia una revolución en el campo andaluz. El cambio climático y el modelo productivo intensivo está liquidando los recursos naturales, contaminando el medio ambiente y destruyendo la capacidad de regeneración de la tierra. Un modelo insostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental debería pedir a gritos una revolución verde.

La PAC subvenciona la propiedad y no la función de la propiedad. La PAC que se negocia este año para el periodo 2021-2027, debería fomentar en profundidad la revolución verde en el campo premiando la sostenibilidad ambiental, la producción tradicional y agroecológica, la igualdad de género con la incorporación de la mujer a los mandos y estructuras claves del sistema, la justicia social con salarios y condiciones laborales y de vida dignas para la gente trabajadora cualquiera que sea su procedencia, los mercados, la transformación y comercialización en proximidad, la diversificación de los productos y su adecuación a las condiciones naturales y climáticas de cada lugar, y la reproductivilidad del capital humano facilitando la incorporación de la juventud a la agroganadería.

Para ello es imprescindible que el gobierno de España se tome el asunto en serio. Si no, auguro que el principal problema territorial que va a tener el gobierno de coalición no va a ser Cataluña, si no Andalucía. Para ello las fuerzas políticas progresistas deben exigir una negociación en Europa que rompa con los intereses especulativos y latifundistas, que lamine, dificulte y grave el uso antisocial y antiambiental de la tierra.

Desde luego una revolución así necesita un tiempo, pero hay ejemplos de que otro modelo agrario es posible, viable y sustentable. Durante un breve periodo, cuatro años, en el que un agroecólogo andaluz, el catedrático de la UPO de Sevilla, Manuel González de Molina, estuvo al frente de la desaparecida Dirección General de Agricultura Ecológica, un millón de hectáreas andaluzas entraron en producción ecológica. Ahí siguen, demostrando que, a pesar de la falta de apoyo institucional, se puede.

Para terminar, me gustaría hacer ver que la cuestión territorial también es relevante en este asunto. Si uno va a comprar tomates al Hipercor o al Carrefour el etiquetado, cualquiera que sea la variedad, dice “procedencia” ESPAÑA, de modo que no distingue si es del Maresme o del Guadalfeo, de la Vega de Granada o de Mazarrón. Y todo el mundo sabe que no es lo mismo que el tomate sea de proximidad, más allá de la inmensidad de variedades y sabores, o del quinto pino. Pues aquí, en Andalucía, todo el mundo sabe que la única bandera que defendió de verdad el campo andaluz frente a la gran propiedad, a la que el modelo productivo, el precio y las condiciones laborales le importan un pito como he dicho al principio de este texto, es la bandera andaluza. Los que se enaltecen con la otra gustarían pagar no con SMI sino con mendrugos de pan como en los tiempos de Los Santos Inocentes.



Dicho lo anterior, lo más urgente, y esto sí lo puede hacer el gobierno de España, es una ley de precios que prohiba directa o indirectamente vender por debajo del coste de producción y grave cualquier compra que no suponga un 10, un 15 o un 20% más del coste de producción. Esto es lo que exigen ya las organizaciones agrarias.

lunes, 27 de enero de 2020

Nos roban con cuatro palabritas finas


En la naturaleza del poder político, en su ADN, está el gen de la concentración. La concentración del poder en un punto es una forma de dominio, la manera de crear dependencias y subalternidad. En la naturaleza del poder económico sustentado sobre una economía extractiva o especulativa, en su ADN, está la necesidad de interlocución con un poder político concentrado. La reducción al mínimo de la representación de intereses de la diversidad social, cultural y territorial es la traducción a ley de esos dos genes. Trajes, togas y sotanas, gustaron siempre de la proximidad al banco cuando no directamente de su titularidad.

Por eso en el ADN de la democracia deben estar los genes del federalismo, el republicanismo, la descentralización y la desconcentración; polis y cosmopolis. De lo contrario lo que crece son los territorios sin instituciones, sin derechos y sin futuro, vigilados desde la corte y, en el mejor de los casos, caritativamente subvencionados. La España vaciada, la Andalucía de la emigración con la Granada doblegada son fruto de lo mismo. No hay contrapeso legal contra la concentración de poder político y económico en las capitalidades. Hay que demandarlo.

El proceso de recentralización del poder institucional en España ha operado, opera, sobre la aceleración de políticas y leyes que laminan las competencias y la capacidad política de municipios y autonomías. Así se han creado ciudadanías de segunda y tercera división con carencia o degradación de servicios públicos que no tienen más remedio que abandonar su vida en los territorios culturales y familiares y marchar a lugares donde se vislumbra, si no más futuro, sí más servicios básicos. El catálogo de agravios es amplísimo.

En Granada la destrucción del ferrocarril que comunicaba comarcas, el desmantelamiento de las redes de tranvía que comunicaban todos los municipios del área metropolitana, la concentración del poder bancario liquidando lo que de banca pública quedaba y extirpando las cajas de ahorros de la territorialidad, los procesos de fusión hospitalaria, las decisiones políticas para el monocultivo intensivo de ladrillo y turismo, el fomento de la agricultura intensiva/extractiva, el abandono de la fiscalidad ecosocial y ambiental, y un largo etcétera, son precedentes de la nueva acometida de intentos de robo y robos consumados que estamos sufriendo las y los granadinos.

Aún estando grabado en el Estatuto de Autonomía de Andalucía que Granada tiene la capitalidad judicial de Andalucia, son recurrentes los intentos de arrancárnosla o trocearla llevándose salas allí donde hay más natalidad de jueces y más proximidad al poder, Sevilla, o clima mas atemperado y playa, Málaga.

Una provincia como la nuestra con más de ciento setenta municipios, setenta más que Sevilla, y un sin número de pedanías y alquerías sería la más afectada si se reduce la oferta educativa en los colegios rurales andaluces, retirar colegios, centros de salud, oficinas de la Junta es alimentar la despoblación, el abandono del campo y, consiguientemente el cuidado directo e indirecto del medio rural facilitando la entrada de actividades económicas extractivas, destructivas y contaminantes sin requerimientos intensivos de mano de obra, lo contrario que el fomento de la agricultura o la ganadería ecológica.

En estos días estamos viendo como el gobierno muy de derechas andaluz condicionado por la ultraderecha franquista de Vox, no sólo no cumple sus promesas de que CETURSA, la empresa pública que gestiona la estación de Sierra Nevada, o el Patronato de la Alhambra y el Generalife, que gestiona el espacio monumental más visitado de España, dependan más de las instituciones granadinas y de que sus beneficios económicos y de empleo repercutan más en Granada, sino que se llevan a Sevilla, la gestión del Parque de las Ciencias, segundo espacio más visitado de Granada y referente mundial en la didáctica de la ciencia, y extinguen la Escuela Andaluza de Salud Pública, un referente mundial en la investigación, formación y difusión de políticas públicas de salud.

Todo esto ha ocurrido, ocurre, y seguirá ocurriendo si las y los granadinos no ponemos pie en pared y decimos basta. Nos roban, nos roban, como cantó Carlos Cano, con cuatro palabritas finas, nos roban, nos roban. Tenemos que evitarlo.

No nos roba Sevilla, ni por supuesto los sevillanos, esa era antes la cantinela de la derecha Ganadina para destruir nuestro poder autonómico y entregárselo a otra capital, Madrid, donde están sus grandes amiguetes, los que de verdad mandan sobre ellos. Nos roba, ahora con alta intensidad, la derecha que gobierna Andalucía. Nos roba, como he dicho al principio de este artículo, para concentrar el poder y entregar lo público con más facilidad, mediante la privatización, a sus amigos del poder económico.

Seguir robando a Granada es destruir la autonomía de Andalucía, preguntémonos si no será ese el objetivo real del actual gobierno andaluz. Concentrar el poder para seguir entregando lo público al beneficio privado. Granada es Andalucía como la que más, negarlo es robar a Granada y liquidar Andalucía. No lo permitamos, es preciso armarla*.
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*La ilustración de este artículo es una obra del artista y poeta granadino, ya fallecido Juan de Loxa. En su blog reza así:

Cuando la bandera andaluza era una olvidada o desconocida, en "Encuentro de poesía visual ibérica", Sant Cugat del Vallés, noviembre 1975, Juan de Loxa expone una bandera verdiblanca fabricada con chapa sobre pané. Unas letras imantadas, desordenadas, sólo tenían la opción de organizar una palabra, ANDALUCÍA. Este poema de participación se titula Es preciso armarla.

lunes, 20 de enero de 2020

Ecología y territorialidad, una percepción andaluza

Fotografía de Doñana desde el cielo de Héctor Garrido
La historia de la humanidad es la historia de la huida de la naturaleza le oí o leí una vez al filósofo Victor Gómez Pin. Una afirmación impactante que condensa de repente más de 300.000 mil años de intervención y transformación de la naturaleza a cargo de nuestra especie con sus etapas de avance y retroceso civilizatorio. Otro filósofo, Ortega y Gasset, escribió “la técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, es la adaptación del medio al sujeto.”

La crisis climática y ambiental planetaria, la crisis ecológica que vivimos cada vez más intensamente, es el producto del choque de la humanidad, en su huida de la naturaleza, con los límites naturales biofísicos que son condición de posibilidad de la supervivencia de nuestra especie. Un modo de producción y consumo, el capitalista, y un modelo energético, el fósil, se han acoplado en los últimos doscientos años, disparando la velocidad de aceleración de la huida del mundo físico hasta contemplar el abismo.

Lo que la confluencia del modelo energético fósil y el modelo económico capitalista han provocado es una crisis de base ecológica, una crisis sistémica no cíclica, la madre de todas las crisis, una crisis metabólica que afecta no solo a la naturaleza sino también a la naturaleza política territorial de las sociedades.

Las crisis cíclicas del capitalismo mundial durante el siglo veinte fueron crisis de escasez de materias primas, del control geopolítico del petróleo, por el control de los mercados o crisis de superproducción. Crisis propias de un modelo que considera infinitas, sin coste de reposición, las reservas de materias primas e ignora sus afecciones ambientales sin internalizar sus costes.

La última crisis, la que comienza a manifestarse virulentamente en 2008, es producto del intento de finales del siglo XX de saltarse los límites materiales huyendo hacia el capitalismo especulativo para mantener altas tasas de crecimiento. Una nueva forma de huir de la naturaleza ignorándola. La economía financiera especulativa se soporta, desconectada de la economía real con sus flujos de materia y energía, en la introducción del tiempo mediante el crédito y la especulación sobre el valor futuro de las mercancías. Para ello ha necesitado desconectar la política de la territorialidad, extirpando el poder de los estados para decidir qué tipo de políticas económicas o monetarias se aplican en cada momento y atacando a las democracias para laminar la capacidad de respuesta de los pueblos o comunidades políticas. Esta es la esencia del neoliberalismo. Además, desde la aparición de la comunicación vía internet a la velocidad de la luz, se ha producido un nuevo empujón hacia la extraterritorialidad del modelo económico, otra forma de alejamiento del mundo físico que cambia la gramática de comprensión del mundo.

La última huida de la naturaleza física de las relaciones económicas y de producción del capitalismo mundial y la consiguiente crisis en la que nos sumió cuando los valores financieros cayeron al perder pie en el territorio de la economía real, ha generado reactivamente un sustrato sociológico receptivo a las reclamaciones territoriales. Ese sustrato sociológico es un suelo fértil para el nacimiento de movimientos ciudadanos contrapuestos. La sensación de pérdida de capacidad de decisión y el miedo al futuro puede alimentar de un lado la solución totalitaria, neofascista, como estamos viendo en muchos lugares, incluida España y Andalucía, o por contra la solución democrática como la que debería aspirar a representar con claridad el actual gobierno de coalición.

Municipios, comarcas, provincias, regiones, autonomías, nacionalidades o naciones, cualquiera que sean las formas institucionales en que se substancie esa inmensa diversidad de comunidades políticas o culturales en las que vivimos han de participar del poder de decidir sobre lo que afecta a sus territorios y su ciudadanía. Plantear un horizonte federal cooperativo frente al horizonte de acumulación de poder en el centro de los estados (sean nación o no) que defienden las ultraderechas españolas y el neofascismo es clave para nuestra democracia.

Es así como, me apuntaba otra filósofa, Lilian Bermejo, la construcción de federalismo de abajo arriba, entendido de una manera amplia, no es más que la concreción del principio político marco de la ecología: “piensa global, actúa (y decide añadiría yo) local,” un principio en el que cabe a la perfección el sentido político del himno de Andalucía con la sentencia “sea por Andalucía libre, los pueblos (España si se prefiere) y la humanidad.” Si algo supuso la irrupción de Andalucía en la conformación de la constitución territorial española del 78 es ese pensar global y actuar local, ese derecho a decir reclamado en las calles el 4 de diciembre de 1977.

La batalla por el retorno a la territorialidad, inevitable, o la gana el mundo reaccionario, el centralismo, la concepción etnicista de los estado nación que busca el dominio antidemocrático del poder como solución totalitaria a la crisis en la que unos pocos ganen y la mayoría pierda, o la gana la democracia como instrumento de justicia, igualdad y garantía de futuro digno para la mayoría. Es evidente que por el peso cultural, territorial y poblacional de la voz de Andalucía dependerá muy mucho el modo en que se resuelva el futuro de España. La batalla será entre el pack del “a por ellos”, que incluye la destrucción sistemática de los derechos de todas y todos, o un necesario pack del “con nosotras”, por utilizar el género que está combatiendo al primero con más determinación, al que necesariamente para que tenga éxito habrá de sumarse la matria andaluza.